Advierte el organismo que preocupa sobremanera el hecho de que sean los elementos de los cuerpos de seguridad aquellos que perpetren uno de los delitos de mayor impacto para la sociedad.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 26/2009, para que el gobierno de la ciudad implemente una política efectiva en el combate al secuestro, se investigue y tenga un control sobre los agentes judiciales y preventivos, debido a que en quejas recibidas por familiares de víctimas de plagio refieren sobre la participación de policías en el delito.
Dichos casos están vinculados también con la Banda de La Flor, por lo que se pide que el Ministerio Público indague a todos los posibles participantes, y no lo haga de manera discriminada.
"Preocupa sobremanera el hecho de que sean los elementos de los cuerpos de seguridad aquellos que perpetren uno de los delitos de mayor impacto para la sociedad: el secuestro y más aún, el hecho de que se organicen en bandas establecidas con ese propósito".
Es por ello quede manera urgente, le pide al gobierno del Distrito Federal que implemente una política pública efectiva contra el secuestro, en la que se incluyan medidas preventivas y sancionatorias respecto de quienes se aprovechan de su posición para violentar los derechos de otras personas.
La CDHDF indica que en todo momento debe evitarse una procuración de justicia diferenciada o selectiva en el presente caso; es decir, que sólo se investigue a determinadas personas de todas las que presuntamente participaron en los homicidios y secuestros de las víctimas del caso que nos ocupa.
Así, se solicitó que en un plazo de seis meses de se reglamente el Artículo 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal, a fin de establecer los mecanismos de implementación y ejecución de las medidas de apoyo y protección a víctimas y testigos en casos de secuestro y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Y se instruya al Procurador y Secretario de Seguridad Pública capitalinos para que, en el mismo plazo, implementen mecanismos de vigilancia y evaluación constante y confidencial al interior de los cuerpos policiacos y de todos los que participen en la seguridad pública y la procuración de justicia, para evitar que éstos incurran en conductas delictivas.
miércoles, 30 de septiembre de 2009
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