Ya no es exclusivo de la frontera, tampoco es un flagelo para quienes cuentan con economía holgada. Ya no. Ahora, el secuestro es un problema que debe preocupar a todos, en todo el territorio nacional.
Y es que cada tres días plagian a cuatro personas, sin distingos económicos, en el país. Hace seis meses, por ejemplo, en el barrio Mi Jardín de la ciudad de Barinas le arrebataron a una mujer su hija de tres años. Ella estaba en una parada de buses, cuando tres hombres, a plena luz del día, la empujaron y le quitaron a la niña. Pocos días después la contactaron y le pidieron una cuantiosa cantidad de dinero.
Ella no contaba con esa suma. El único bien de valor que tenía era su nevera. Se lo dijo al secuestrador y él la mandó a venderla. El monto que reunió fue el que luego le exigieron para liberar a su niña. Su nombre no será revelado por seguridad, pero ese caso figura dentro de las estadísticas que alimenta cada día la Federación de Ganaderos de Venezuela, como uno de los más emblemáticos ocurridos en Barinas durante 2009.
Según la cifra de Fedenaga, hasta el 8 de mayo, ellos registraron 134 secuestros en 2009.
De esos, 59 han sido liberados, 33 rescatados, uno liberado por presión policial, cuatro escapados y otros cuatro murieron. Por su parte, el Cicpc, para el mismo período registró 166; es decir que en el país secuestran a cuatro venezolanos cada tres días en promedio. Dónde secuestran La cuna del secuestro, según Fedenaga y el Cicpc, es Barinas. La tierra que vio nacer al presidente Chávez, completó, según el Cicpc, 35 plagios en lo que va de año, convirtiéndose así en la entidad bandera en el tema. Y aunque se mantienen en ese puesto desde 2008, su actual gobernador, Adán Chávez, aseguró que "cada día que pasa, Barinas es más segura que nunca".
El viernes, en su programa Aló Maestro, el primer mandatario de la entidad agregó: "Les aseguramos que vamos en poco tiempo, a tener a nuestro estado, más seguro de lo que ya está... cada día que pasa, Barinas es más segura que nunca". A este estado le siguen -según el Cicpc-, Zulia con 28, Carabobo con 19, Lara con 18 y Anzoátegui con 17. Quiénes secuestran Según explicaron fuentes del Cicpc y de Fedenaga, existen guerrilleros, paramilitares, disidentes de cada uno de ellos, bandas organizadas sin ideología política y hasta grupos de funcionarios policiales que, repartidos en todo el territorio, se encargan de secuestrar.
Explicó el presidente de Fedenaga, Genaro Méndez, que desde 1999 se motorizó la impunidad en materia de secuestro, cuando el presidente Chávez se ofreció a ser intermediario entre la guerrilla y Colombia. La guerrilla en ese tiempo, agregó Méndez, se comprometió a no secuestrar más en suelo venezolano, pero incumplió. No se identificó más y desde entonces "ya los secuestros dejaron de tener autores", dijo Méndez.
Por su parte, el Cicpc trabaja para desarticular 12 bandas, unos 130 hampones en promedio.
De esos 12 grupos, nueve están formados por disidentes de la guerrilla y el paramilitarismo; dos están integrados por civiles organizados y el último por funcionarios policiales.
Para ninguno es importante la posición económica de sus víctimas. Por eso ahora cualquiera, para ellos, es "secuestrable".
martes, 3 de noviembre de 2009
viernes, 23 de octubre de 2009
Desastre ambiental
Los pescadores de Puerto Píritu denunciaron ayer ante las autoridades que habían notado una mancha oscura sobre el mar. Tras realizarse la inspección detectaron que habían residuos de petróleo en aproximadamente 3 kilómetros de la costa.José León, subinspector de la policía ambiental de la entidad, informó que la arena estaba negra y el agua tenía una línea larga del mismo color. La policía ambiental, la alcaldía Peñalver, Pdvsa, y pescadores emprendieron hoy un plan de contingencia hasta tanto no se retire la sustancia.
En Pdvsa manifestaron no saber de dónde y cómo se produjo este derrame. Aseguran que es proveniente del Complejo Criogénico y se presume que fue ocasionado por las plataformas que se dirigen a la petrolera. Sin embargo, es la segunda vez que ha ocurrido un accidente como este en la misma zona.
El presidente de la Fundación Ecológica de Peñalver, Pedro Lavana, pidió a la estatal venezolana tener un poco más de responsabilidad y estar preparados ante estos incidentes. Considera que deben entrenar a los funcionarios de Protección Civil para que trabajen en conjunto y resolver la situación lo más pronto posible.
“De no retirarlo con rapidez, el crudo puede afectar el ecosistema de la zona”.
La zona se encuentra acordonada por Protección Civil, por lo menos durante 15 días o hasta que este totalmente saneada la bahía. Les piden a los bañistas de este fin de semana mantenerse alejados de la zona, ya que no habrá actividades.
Hasta el momento, los funcionarios de Insopesca han encontrado cinco bagres de mar y 10 pelícanos muertos en la bahía de Píritu.
lunes, 19 de octubre de 2009
Venezuela: Un país de asesinos
Los crímenes a personajes públicos han sido el símbolo de una larga lucha entre el venezolano y su subsistencia, pues ya data la primera década.
La muerte del actor Yanis Chimaras, junto con los asesinatos del ex-fiscal Danilo Anderson, los hermanos Faddoul, el empresario Sindoni y los estudiantes en Kennedy, contrastan con las decenas de víctimas anónimas que cada semana caen asesinadas, producto de esta violencia extrema que alcanzó su clímax cuando al ministro Diosdado Cabello, le intentaron robar su auto, con la fortuna de que sus escoltas lograron repeler la inminente agresión.
Claro, el venezolano “de a pie” no tiene escolta y termina como víctima de la inseguridad desbordada, directa o indirectamente. Pero el gobierno intenta esconder las cifras o manipularlas al no poder ocultárselas a periodistas, médicos y pueblo, en general, que enseguida las hacen públicas.
El gobierno denuncia que los medios de comunicación distorsionan la realidad. Sin embargo, usted conoce la verdad, porque, tal vez ha sido o tiene un familiar que ha padecido esta inseguridad.Y es que el fin de semana pasado murieron 49 personas. El anterior , murieron 54 y el gobierno no dijo nada. Nunca lo vimos hacer algo por evitar los 38 muertos diarios que hubo en 2006, los 41 muertos diarios en 2007 y los 44 muertos diarios que hubo en 2008. Si a todo esto le sumamos que entre 4 y 5 millones de armas se encuentran, ilegalmente, en manos de civiles y el 85% está en manos de delincuentes, entonces estamos frente a un evidente problema de Estado. No por nada, nuestra capital Caracas, es considerada la segunda ciudad más violenta del planeta, incluso por encima de Bagdad.
Eso nos debe poner a pensar en lo peligroso de nuestras calles y avenidas, nuestros caseríos y veredas, nuestros locales y casas, pero claro, eso ya usted lo sabe porque lo vive diariamente.
El aumento de la desigualdad, la reducción del empleo, el abandono infantil y la instauración de una paradoja terrible entre la democratización de las expectativas y la verdadera posibilidad de satisfacerlas, crean un caldo de cultivo ideal para destruir la sociedad que, poco a poco, va creando sobre sus cimientos un país de asesinos.
Otro factor importantísimo es la impunidad que fomenta y convierte al criminal en una especie de ser inmune al castigo.
Es así como en menos de 10%, se ubican las detenciones con respecto a los delitos y, de ese porcentaje, la mitad sale libre por diversas razones de jueces corruptos, detenciones arbitrarias o fugas. Lo descrito lleva a entender que hay una seria falla en toda la estructura gubernamental que ha hecho poco para desarrollar políticas de freno, prevención, detención y castigo que sirvan para combatir la delincuencia.
Seres que hace 10 años eran apenas bebés, hoy tienen 14 y 15 años, pero ya sujetan armas y un prontuario con muertos incluidos. Son la nueva generación de venezolanos, muchachos capaces de apagar la vida de cualquiera por unos zapatos, relojes o pocos billetes.
Estos asesinos no los creamos con tecnología de punta que permita manipularlos genéticamente, ni con algún tipo de entrenamiento intensivo. Sólo facilitamos las condiciones necesarias para que un venezolano nazca en el peor ambiente económico, de salud, deportivo, cultural, social y así terminamos diseñando muchachos que odian la vida y se convierten en mensajeros constantes de la muerte.
La muerte del actor Yanis Chimaras, junto con los asesinatos del ex-fiscal Danilo Anderson, los hermanos Faddoul, el empresario Sindoni y los estudiantes en Kennedy, contrastan con las decenas de víctimas anónimas que cada semana caen asesinadas, producto de esta violencia extrema que alcanzó su clímax cuando al ministro Diosdado Cabello, le intentaron robar su auto, con la fortuna de que sus escoltas lograron repeler la inminente agresión.
Claro, el venezolano “de a pie” no tiene escolta y termina como víctima de la inseguridad desbordada, directa o indirectamente. Pero el gobierno intenta esconder las cifras o manipularlas al no poder ocultárselas a periodistas, médicos y pueblo, en general, que enseguida las hacen públicas.
El gobierno denuncia que los medios de comunicación distorsionan la realidad. Sin embargo, usted conoce la verdad, porque, tal vez ha sido o tiene un familiar que ha padecido esta inseguridad.Y es que el fin de semana pasado murieron 49 personas. El anterior , murieron 54 y el gobierno no dijo nada. Nunca lo vimos hacer algo por evitar los 38 muertos diarios que hubo en 2006, los 41 muertos diarios en 2007 y los 44 muertos diarios que hubo en 2008. Si a todo esto le sumamos que entre 4 y 5 millones de armas se encuentran, ilegalmente, en manos de civiles y el 85% está en manos de delincuentes, entonces estamos frente a un evidente problema de Estado. No por nada, nuestra capital Caracas, es considerada la segunda ciudad más violenta del planeta, incluso por encima de Bagdad.
Eso nos debe poner a pensar en lo peligroso de nuestras calles y avenidas, nuestros caseríos y veredas, nuestros locales y casas, pero claro, eso ya usted lo sabe porque lo vive diariamente.
El aumento de la desigualdad, la reducción del empleo, el abandono infantil y la instauración de una paradoja terrible entre la democratización de las expectativas y la verdadera posibilidad de satisfacerlas, crean un caldo de cultivo ideal para destruir la sociedad que, poco a poco, va creando sobre sus cimientos un país de asesinos.
Otro factor importantísimo es la impunidad que fomenta y convierte al criminal en una especie de ser inmune al castigo.
Es así como en menos de 10%, se ubican las detenciones con respecto a los delitos y, de ese porcentaje, la mitad sale libre por diversas razones de jueces corruptos, detenciones arbitrarias o fugas. Lo descrito lleva a entender que hay una seria falla en toda la estructura gubernamental que ha hecho poco para desarrollar políticas de freno, prevención, detención y castigo que sirvan para combatir la delincuencia.
Seres que hace 10 años eran apenas bebés, hoy tienen 14 y 15 años, pero ya sujetan armas y un prontuario con muertos incluidos. Son la nueva generación de venezolanos, muchachos capaces de apagar la vida de cualquiera por unos zapatos, relojes o pocos billetes.
Estos asesinos no los creamos con tecnología de punta que permita manipularlos genéticamente, ni con algún tipo de entrenamiento intensivo. Sólo facilitamos las condiciones necesarias para que un venezolano nazca en el peor ambiente económico, de salud, deportivo, cultural, social y así terminamos diseñando muchachos que odian la vida y se convierten en mensajeros constantes de la muerte.
jueves, 8 de octubre de 2009
La inseguridad deja 50 muertos por fin de semana en Caracas
tendido en la camilla de aluminio, en la morgue del hospital- pareciera que las balas no lograron interrumpir el sueño de Jefferson. Hace unas horas lo mataron en su cama, mientras dormía, de cuatro disparos cruzados en el pecho.
Tenía 16 años y su asesino, un amigo del barrio, ronda la misma edad. Él, y la procesión de cadáveres adolescentes que se apilan a su alrededor a medida que avanza la noche, validan la estadística local de que los chicos más pobres son las víctimas predilectas de la violencia que cada fin de semana se lleva entre 30 y 50 vidas en Caracas.
El comisario Darío Caraballo traduce esta situación a cifras. En 2008 dejó un parte de más de 1.900 asesinatos por violencia común y convirtió a la capital de Venezuela en la segunda ciudad más peligrosa del mundo, después de Ciudad Juárez.
Caraballo es uno de los encargados de coordinar el trabajo de los 140 policías municipales que cada noche patrullan el barrio de Petare: una sucesión de viviendas carenciadas que cubren por completo los montes del este de Caracas, que se comunican por unas pocas calles y un complicado laberinto de escaleras, y donde viven unos dos millones de personas.
Sólo en un fin semana, el último de septiembre, 34 personas fueron asesinadas en Caracas. El primer cuerpo baleado que ingresó a uno de los dos hospitales del barrio fue el de Jefferson Michael Ibarra Marrero. "Déjamelo quieto, que él se va a dormir", cuenta su madre que le dijo al asesino. Jefferson y el joven de la pistola bebieron demasiada cerveza. Por un motivo que nadie recuerda, discutieron y terminaron a los golpes. Luego Jefferson se fue a su casa. Media hora después, su compañero de juerga entró a su habitación. Disparó sobre él y corrió cerro arriba hasta perderse en el laberinto de escaleras. Los policías de Caraballo llegaron minutos después y ya no lograron alcanzarlo.
La morgue del hospital no es más que una habitación con aire acondicionado. Las cámaras refrigeradas están averiadas desde hace más de veinte años. La sala de autopsias no funciona desde hace cinco, y ahora es un depósito de los ataúdes que el Estado dona a los indigentes fallecidos.
Cada cadáver permanece allí al menos 24 horas, o hasta que la única furgoneta que los traslada desde los hospitales hasta la morgue central de la ciudad esté disponible. Luego pasan otro día en la morgue central, o hasta que uno de los forenses de la policía -que practican hasta 37 autopsias un fin de semana cualquiera- certifique la causa del deceso.
El lunes día 28 de septiembre por la tarde la policía científica le entregó a Morela Marrero el cuerpo de su hijo Jefferson. Con suerte, y gracias al seguro funerario, logró alquilar una capilla para velar a su hijo. Por razones de seguridad, la Cámara Nacional de Empresas Funerarias decidió en 2007 no prestar servicio a las familias de los jóvenes muertos a tiros.
"Es un peligro para todos. Muchos de esos jóvenes fueron miembros de bandas de delincuentes. Y cuando matan al miembro una banda, los de la banda rival saben que todos sus compañeros y familiares van a estar reunidos en el velatorio, llorando al difunto. Entonces van a la funeraria y les disparan a todos. Y salen perjudicadas familias inocentes". Euro Villalobos, presidente de la Cámara de Funerarias, asegura que al menos dos veces al mes se desatan balaceras de este tipo en las capillas y velatorios de Caracas. Los pistoleros disparan primero al ataúd para cerciorarse de que el enemigo está muerto. Luego apuntan a los demás. A los rivales y a los que no lo son.
En enero de 2008 el gobierno venezolano desplegó 800 soldados en calles de la capital como ariete del plan Caracas Segura para "erradicar la acción del hampa". Pero los delincuentes saben cómo defenderse. Un revólver no cuesta más de US$ 350 en el mercado negro.
Jefferson era el cuarto de seis hijos de una viuda menor de 40 años y único sostén económico de la familia. Para salvaguardar el honor, su madre aclara: "El papá del muchacho sí murió de muerte natural".
Violencia armada
Unas 2,1 millones de personas murieron como resultado de la violencia armada desde 2006 debido a la lentitud con que evolucionan las conversaciones para un tratado sobre el comercio de armas convencionales, dijo ayer la coalición de ONG, Oxfam. Según la organización, el mayor número de muertos se registró como resultado de la violencia criminal, con las tasas más altas concentradas en África y América Latina.
Tenía 16 años y su asesino, un amigo del barrio, ronda la misma edad. Él, y la procesión de cadáveres adolescentes que se apilan a su alrededor a medida que avanza la noche, validan la estadística local de que los chicos más pobres son las víctimas predilectas de la violencia que cada fin de semana se lleva entre 30 y 50 vidas en Caracas.
El comisario Darío Caraballo traduce esta situación a cifras. En 2008 dejó un parte de más de 1.900 asesinatos por violencia común y convirtió a la capital de Venezuela en la segunda ciudad más peligrosa del mundo, después de Ciudad Juárez.
Caraballo es uno de los encargados de coordinar el trabajo de los 140 policías municipales que cada noche patrullan el barrio de Petare: una sucesión de viviendas carenciadas que cubren por completo los montes del este de Caracas, que se comunican por unas pocas calles y un complicado laberinto de escaleras, y donde viven unos dos millones de personas.
Sólo en un fin semana, el último de septiembre, 34 personas fueron asesinadas en Caracas. El primer cuerpo baleado que ingresó a uno de los dos hospitales del barrio fue el de Jefferson Michael Ibarra Marrero. "Déjamelo quieto, que él se va a dormir", cuenta su madre que le dijo al asesino. Jefferson y el joven de la pistola bebieron demasiada cerveza. Por un motivo que nadie recuerda, discutieron y terminaron a los golpes. Luego Jefferson se fue a su casa. Media hora después, su compañero de juerga entró a su habitación. Disparó sobre él y corrió cerro arriba hasta perderse en el laberinto de escaleras. Los policías de Caraballo llegaron minutos después y ya no lograron alcanzarlo.
La morgue del hospital no es más que una habitación con aire acondicionado. Las cámaras refrigeradas están averiadas desde hace más de veinte años. La sala de autopsias no funciona desde hace cinco, y ahora es un depósito de los ataúdes que el Estado dona a los indigentes fallecidos.
Cada cadáver permanece allí al menos 24 horas, o hasta que la única furgoneta que los traslada desde los hospitales hasta la morgue central de la ciudad esté disponible. Luego pasan otro día en la morgue central, o hasta que uno de los forenses de la policía -que practican hasta 37 autopsias un fin de semana cualquiera- certifique la causa del deceso.
El lunes día 28 de septiembre por la tarde la policía científica le entregó a Morela Marrero el cuerpo de su hijo Jefferson. Con suerte, y gracias al seguro funerario, logró alquilar una capilla para velar a su hijo. Por razones de seguridad, la Cámara Nacional de Empresas Funerarias decidió en 2007 no prestar servicio a las familias de los jóvenes muertos a tiros.
"Es un peligro para todos. Muchos de esos jóvenes fueron miembros de bandas de delincuentes. Y cuando matan al miembro una banda, los de la banda rival saben que todos sus compañeros y familiares van a estar reunidos en el velatorio, llorando al difunto. Entonces van a la funeraria y les disparan a todos. Y salen perjudicadas familias inocentes". Euro Villalobos, presidente de la Cámara de Funerarias, asegura que al menos dos veces al mes se desatan balaceras de este tipo en las capillas y velatorios de Caracas. Los pistoleros disparan primero al ataúd para cerciorarse de que el enemigo está muerto. Luego apuntan a los demás. A los rivales y a los que no lo son.
En enero de 2008 el gobierno venezolano desplegó 800 soldados en calles de la capital como ariete del plan Caracas Segura para "erradicar la acción del hampa". Pero los delincuentes saben cómo defenderse. Un revólver no cuesta más de US$ 350 en el mercado negro.
Jefferson era el cuarto de seis hijos de una viuda menor de 40 años y único sostén económico de la familia. Para salvaguardar el honor, su madre aclara: "El papá del muchacho sí murió de muerte natural".
Violencia armada
Unas 2,1 millones de personas murieron como resultado de la violencia armada desde 2006 debido a la lentitud con que evolucionan las conversaciones para un tratado sobre el comercio de armas convencionales, dijo ayer la coalición de ONG, Oxfam. Según la organización, el mayor número de muertos se registró como resultado de la violencia criminal, con las tasas más altas concentradas en África y América Latina.
miércoles, 30 de septiembre de 2009
CNDH pide a DF ir contra policías secuestradores
Advierte el organismo que preocupa sobremanera el hecho de que sean los elementos de los cuerpos de seguridad aquellos que perpetren uno de los delitos de mayor impacto para la sociedad.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 26/2009, para que el gobierno de la ciudad implemente una política efectiva en el combate al secuestro, se investigue y tenga un control sobre los agentes judiciales y preventivos, debido a que en quejas recibidas por familiares de víctimas de plagio refieren sobre la participación de policías en el delito.
Dichos casos están vinculados también con la Banda de La Flor, por lo que se pide que el Ministerio Público indague a todos los posibles participantes, y no lo haga de manera discriminada.
"Preocupa sobremanera el hecho de que sean los elementos de los cuerpos de seguridad aquellos que perpetren uno de los delitos de mayor impacto para la sociedad: el secuestro y más aún, el hecho de que se organicen en bandas establecidas con ese propósito".
Es por ello quede manera urgente, le pide al gobierno del Distrito Federal que implemente una política pública efectiva contra el secuestro, en la que se incluyan medidas preventivas y sancionatorias respecto de quienes se aprovechan de su posición para violentar los derechos de otras personas.
La CDHDF indica que en todo momento debe evitarse una procuración de justicia diferenciada o selectiva en el presente caso; es decir, que sólo se investigue a determinadas personas de todas las que presuntamente participaron en los homicidios y secuestros de las víctimas del caso que nos ocupa.
Así, se solicitó que en un plazo de seis meses de se reglamente el Artículo 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal, a fin de establecer los mecanismos de implementación y ejecución de las medidas de apoyo y protección a víctimas y testigos en casos de secuestro y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Y se instruya al Procurador y Secretario de Seguridad Pública capitalinos para que, en el mismo plazo, implementen mecanismos de vigilancia y evaluación constante y confidencial al interior de los cuerpos policiacos y de todos los que participen en la seguridad pública y la procuración de justicia, para evitar que éstos incurran en conductas delictivas.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 26/2009, para que el gobierno de la ciudad implemente una política efectiva en el combate al secuestro, se investigue y tenga un control sobre los agentes judiciales y preventivos, debido a que en quejas recibidas por familiares de víctimas de plagio refieren sobre la participación de policías en el delito.
Dichos casos están vinculados también con la Banda de La Flor, por lo que se pide que el Ministerio Público indague a todos los posibles participantes, y no lo haga de manera discriminada.
"Preocupa sobremanera el hecho de que sean los elementos de los cuerpos de seguridad aquellos que perpetren uno de los delitos de mayor impacto para la sociedad: el secuestro y más aún, el hecho de que se organicen en bandas establecidas con ese propósito".
Es por ello quede manera urgente, le pide al gobierno del Distrito Federal que implemente una política pública efectiva contra el secuestro, en la que se incluyan medidas preventivas y sancionatorias respecto de quienes se aprovechan de su posición para violentar los derechos de otras personas.
La CDHDF indica que en todo momento debe evitarse una procuración de justicia diferenciada o selectiva en el presente caso; es decir, que sólo se investigue a determinadas personas de todas las que presuntamente participaron en los homicidios y secuestros de las víctimas del caso que nos ocupa.
Así, se solicitó que en un plazo de seis meses de se reglamente el Artículo 8 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal, a fin de establecer los mecanismos de implementación y ejecución de las medidas de apoyo y protección a víctimas y testigos en casos de secuestro y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Y se instruya al Procurador y Secretario de Seguridad Pública capitalinos para que, en el mismo plazo, implementen mecanismos de vigilancia y evaluación constante y confidencial al interior de los cuerpos policiacos y de todos los que participen en la seguridad pública y la procuración de justicia, para evitar que éstos incurran en conductas delictivas.
martes, 22 de septiembre de 2009
En Venezuela, al menos 40 personas son asesinadas por día
Un estudio arroja que la violencia crece sin proporción alguna. Las causas van desde robos y asaltos, hasta cuestiones políticas y de drogas
El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en Caracas, indicó que el país es el segundo más violento de la región, después de El Salvador. El año pasado hubo 14.589 homicidios, alrededor de 40 por día, precisó.
Por otro lado, el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec), basado en cifras oficiales, indicó que el número de homicidios durante el primer trimestre de 2009 aumentó 29 por ciento en comparación con el mismo período de 2008: de 3.562 a 4.659, un incremento de 1.097 muertes violentas en un plazo de tres meses. En Caracas, el incremento fue de 30 por ciento.
La cifra pasó de 645 en el primer trimestre de 2008 a 844 en el primer trimestre de 2009, un aumento de 190 casos.
"En Venezuela muere una persona cada nueve minutos víctima de la violencia'', dijo Mary Ponte, directiva del opositor partido Primero Justicia, a El Nuevo Herald.Ponte, de 38 años, señaló que la violencia en Venezuela está desbordada. "Ya no se distingue entre hombres, mujeres, niños o ancianos.
Cualquiera puede ser víctima, yo misma lo he sido: mi marido fue asesinado hace dos meses y recién me entero de que acaban de matar a un vecino.
Los casos se repiten en cualquier barrio y en todas las clases sociales", advirtió.
El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en Caracas, indicó que el país es el segundo más violento de la región, después de El Salvador. El año pasado hubo 14.589 homicidios, alrededor de 40 por día, precisó.
Por otro lado, el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec), basado en cifras oficiales, indicó que el número de homicidios durante el primer trimestre de 2009 aumentó 29 por ciento en comparación con el mismo período de 2008: de 3.562 a 4.659, un incremento de 1.097 muertes violentas en un plazo de tres meses. En Caracas, el incremento fue de 30 por ciento.
La cifra pasó de 645 en el primer trimestre de 2008 a 844 en el primer trimestre de 2009, un aumento de 190 casos.
"En Venezuela muere una persona cada nueve minutos víctima de la violencia'', dijo Mary Ponte, directiva del opositor partido Primero Justicia, a El Nuevo Herald.Ponte, de 38 años, señaló que la violencia en Venezuela está desbordada. "Ya no se distingue entre hombres, mujeres, niños o ancianos.
Cualquiera puede ser víctima, yo misma lo he sido: mi marido fue asesinado hace dos meses y recién me entero de que acaban de matar a un vecino.
Los casos se repiten en cualquier barrio y en todas las clases sociales", advirtió.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
La ciudad mexicana de Ciudad Juárez y Caracas, las más violentas del mundo
La mexicana Ciudad Juárez (norte, fronteriza con Estados Unidos) es la urbe más violenta del mundo por homicidios, seguida de Caracas y de Nueva Orleans, según un estudio divulgado el miércoles por la organización civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública (CCSP).
La medición se establece a partir del número de homicidios que se cometen actualmente por cada 100.000 habitantes y Ciudad Juárez aparece como la más violenta del mundo, con 130, según la organización, que basa sus estimaciones en recuentos periodísticos.
"En 2008, Ciudad Juárez tuvo una tasa de 130 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, mientras que Caracas, Venezuela, ocupó el segundo puesto mundial con 96 homicidios y Nueva Orleans (Luisiana, sur), el tercero con 95", indicó el estudio del CCSP.
El documento añade que si se mantiene la tendencia de muertes violentas observada entre el 1 de enero y el 21 de agosto de 2009 en Ciudad Juárez, "entonces se habrán cometido en la localidad 2.293 homicidios" sobre una base de 1,4 millones de habitantes.
Según recuentos del CCSP, al 21 de agosto se habían cometido 1.362 homicidios dolosos en Ciudad Juárez, escenario de una pugna entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez por el control de las rutas de droga hacia Estados Unidos y la venta local al menudeo.
Recuentos de la AFP, basados en informes policiales, estiman en 1.161 el número de muertes violentas ocurridas durante los primeros siete meses de 2009.
En el cuarto lugar como ciudad más violenta del mundo figura la mexicana Tijuana, también fronteriza con Estados Unidos, y que en 2008 registró, según el CCSP, "73 homicidios dolosos por cada 100.000".
Las fuentes para establecer el número de asesinatos en el caso de Ciudad Juárez y Tijuana son informaciones de prensa, lo mismo que para Caracas, mientras que en el caso de Nueva Orleans las cifras corresponden a un informe criminal del FBI, explicó el CCSP.
En el quinto lugar como ciudad violenta aparece Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con 62 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, seguida por Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, con 54, según el estudio del CCSP, que para estos países toma informes policiales.
San Salvador es la séptima ciudad más violenta, con un índice de 49 homicidios dolosos, mientras que Medellín, Colombia, figura en el octavo, con 45, en el mismo nivel que Baltimore, Estados Unidos, según los informes policiales citados por la ONG mexicana.
Bagdad, donde se vive una virtual situación de guerra, es la décima ciudad más violenta del mundo, con 40 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, según el estudio.
La medición se establece a partir del número de homicidios que se cometen actualmente por cada 100.000 habitantes y Ciudad Juárez aparece como la más violenta del mundo, con 130, según la organización, que basa sus estimaciones en recuentos periodísticos.
"En 2008, Ciudad Juárez tuvo una tasa de 130 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, mientras que Caracas, Venezuela, ocupó el segundo puesto mundial con 96 homicidios y Nueva Orleans (Luisiana, sur), el tercero con 95", indicó el estudio del CCSP.
El documento añade que si se mantiene la tendencia de muertes violentas observada entre el 1 de enero y el 21 de agosto de 2009 en Ciudad Juárez, "entonces se habrán cometido en la localidad 2.293 homicidios" sobre una base de 1,4 millones de habitantes.
Según recuentos del CCSP, al 21 de agosto se habían cometido 1.362 homicidios dolosos en Ciudad Juárez, escenario de una pugna entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez por el control de las rutas de droga hacia Estados Unidos y la venta local al menudeo.
Recuentos de la AFP, basados en informes policiales, estiman en 1.161 el número de muertes violentas ocurridas durante los primeros siete meses de 2009.
En el cuarto lugar como ciudad más violenta del mundo figura la mexicana Tijuana, también fronteriza con Estados Unidos, y que en 2008 registró, según el CCSP, "73 homicidios dolosos por cada 100.000".
Las fuentes para establecer el número de asesinatos en el caso de Ciudad Juárez y Tijuana son informaciones de prensa, lo mismo que para Caracas, mientras que en el caso de Nueva Orleans las cifras corresponden a un informe criminal del FBI, explicó el CCSP.
En el quinto lugar como ciudad violenta aparece Ciudad del Cabo, Sudáfrica, con 62 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, seguida por Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, con 54, según el estudio del CCSP, que para estos países toma informes policiales.
San Salvador es la séptima ciudad más violenta, con un índice de 49 homicidios dolosos, mientras que Medellín, Colombia, figura en el octavo, con 45, en el mismo nivel que Baltimore, Estados Unidos, según los informes policiales citados por la ONG mexicana.
Bagdad, donde se vive una virtual situación de guerra, es la décima ciudad más violenta del mundo, con 40 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, según el estudio.
miércoles, 19 de agosto de 2009
Al menos ocho reclusos muertos y cinco heridos en una cárcel del sur de Venezuela
Caracas, 18 ago (EFE).- Al menos ocho presos muertos y otros cinco heridos dejó un enfrentamiento entre reclusos de la cárcel venezolana de Vista Hermosa, en el sureño estado de Bolívar, informó hoy un portavoz de una organización humanitaria local.
El suceso ocurrió esta madrugada cuando los reos se enfrentaron a tiros, informó Humberto Prado, director de la Organización No Gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones, en declaraciones a la cadena Unión Radio de Caracas.
Prado precisó que los fallecidos son hombres entre 20 y 36 años, mientras que medios regionales informaron que los cadáveres fueron trasladados a la morgue del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, a unos 800 kilómetros al sur de Caracas.
Las mismas fuentes de la prensa regional de Bolívar informaron que esta tarde se registraron nuevos enfrentamientos armados entre los reclusos de la cárcel, por lo que se presume que el número de heridos o muertos podría incrementarse.
Prado denunció que actualmente la cárcel de Vista Hermosa cuenta con "850 internos" cuando la capacidad de esa estructura es de "400 reclusos".
"Siempre le hemos hecho sugerencias al Gobierno para que reubique a la población reclusa debidamente según su tipo de delito y grado de peligrosidad", añadió el representante de la organización humanitaria.
Paralelamente, medios locales informaron que este martes los reclusos de la cárcel de Tocorón, en el estado central de Aragua, iniciaron una huelga de hambre en protesta por la muerte de uno de los presos.
La madre de uno de los huelguistas, María Pérez, dijo a medios locales que los reclusos mantendrán la acción de protesta hasta que sea destituido el director del centro penitenciario, el coronel Eduardo Bracho.
"Aquí no se cumple la justicia, aquí no se cumplen los derechos. Estamos en pie de lucha y aquí vamos a estar hasta que sea destituido el director", afirmó Pérez a la cadena de noticias Globovisión.
El sistema penitenciario de Venezuela, considerado uno de los más violentos de la región, está conformado por 29 penales y 16 internados penitenciarios, que albergan a un total de 20.000 reclusos, según datos oficiales.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones contabilizó 320 asesinatos de presos entre enero y octubre de 2008, frente a los 498 de todo 2007.
El Gobierno creó el llamado Consejo Superior Penitenciario y busca "resolver de manera rápida y efectiva los problemas" que se registran en los penales del país.
El suceso ocurrió esta madrugada cuando los reos se enfrentaron a tiros, informó Humberto Prado, director de la Organización No Gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones, en declaraciones a la cadena Unión Radio de Caracas.
Prado precisó que los fallecidos son hombres entre 20 y 36 años, mientras que medios regionales informaron que los cadáveres fueron trasladados a la morgue del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, a unos 800 kilómetros al sur de Caracas.
Las mismas fuentes de la prensa regional de Bolívar informaron que esta tarde se registraron nuevos enfrentamientos armados entre los reclusos de la cárcel, por lo que se presume que el número de heridos o muertos podría incrementarse.
Prado denunció que actualmente la cárcel de Vista Hermosa cuenta con "850 internos" cuando la capacidad de esa estructura es de "400 reclusos".
"Siempre le hemos hecho sugerencias al Gobierno para que reubique a la población reclusa debidamente según su tipo de delito y grado de peligrosidad", añadió el representante de la organización humanitaria.
Paralelamente, medios locales informaron que este martes los reclusos de la cárcel de Tocorón, en el estado central de Aragua, iniciaron una huelga de hambre en protesta por la muerte de uno de los presos.
La madre de uno de los huelguistas, María Pérez, dijo a medios locales que los reclusos mantendrán la acción de protesta hasta que sea destituido el director del centro penitenciario, el coronel Eduardo Bracho.
"Aquí no se cumple la justicia, aquí no se cumplen los derechos. Estamos en pie de lucha y aquí vamos a estar hasta que sea destituido el director", afirmó Pérez a la cadena de noticias Globovisión.
El sistema penitenciario de Venezuela, considerado uno de los más violentos de la región, está conformado por 29 penales y 16 internados penitenciarios, que albergan a un total de 20.000 reclusos, según datos oficiales.
La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones contabilizó 320 asesinatos de presos entre enero y octubre de 2008, frente a los 498 de todo 2007.
El Gobierno creó el llamado Consejo Superior Penitenciario y busca "resolver de manera rápida y efectiva los problemas" que se registran en los penales del país.
Venezuela y Colombia no bajan la tensión
Venezuela y Colombia se enfrentan a una nueva escalada de tensión diplomática después del arresto temporal de 41 colombianos.
Entre los arrestados se encuentra un funcionario consular, aunque portavoces oficialistas en Caracas calificaron ese hecho como una simple "incidencia". Los colombianos fueron detenidos anteayer en la tarde, en medio de un operativo de renovación de documentos desarrollado por el consulado de su país en la barriada popular de Catia, y liberados en la misma noche del domingo, dijo la cónsul colombiana en Caracas, María Elvira Cabello.
El operativo consular se realizaba sin un permiso que emite el Ministerio del Interior y Justicia venezolano, alegó la policía del municipio de Libertador, uno de los cinco que integra la capital venezolana y único hoy en manos del oficialismo. A juicio del analista venezolano Carlos Romero, la "detención preventiva" de los colombianos "se incluye en el contexto general de deterioro" de las relaciones bilaterales, que el presidente Hugo Chávez resolvió "congelar" el pasado 28 de julio.
Ésa fue la respuesta a las denuncias que Caracas tildó de "irresponsables" sobre el presunto desvío de armas venezolanas hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Chávez dijo que con estas denuncias Bogotá buscaba evitar que se él se rebelara contra los acuerdos militares entre Colombia y Estados Unidos, que considera una amenaza para su revolución.
"La detención temporal de los colombianos sólo incrementa aún más el distanciamiento entre Caracas y Bogotá, y demuestra cómo se está deteriorando la vida cotidiana de ciudadanos de los dos países, que comparten 2.219 kilómetros de frontera", dijo Romero. Sin embargo, el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Saúl Ortega, calificó como una "incidencia de orden público" la detención temporal de los colombianos.
"Fue una incidencia y no tiene nada que ver con las recientes decisiones del gobierno de congelar las relaciones con Colombia", afirmó el diputado oficialista y miembro de la Comisión de Política Exterior de la AN. Ortega añadió que la celebración en la calle de actividades consulares "no es normal", y que, en todo caso, "cualquier actividad que pretenda realizar cualquier venezolano o extranjero en los espacios públicos debe ser notificada y autorizada por autoridades competentes".
La cónsul Cabello precisó que ya se establecieron contactos diplomáticos para conocer y adoptar los nuevos procedimientos para llevar a cabo los llamados "consulados móviles", los cuales desarrollaba sin problemas desde hace cuatro años. Puente fronterizo cortado. Mientras, manifestantes bloquearon ayer el paso por un puente fronterizo entre Colombia y Venezuela, en una protesta por problemas en el suministro de combustibles. La manifestación ocurrió en el puente Francisco de Paula Santander, que une a la población colombiana de Cúcuta con la venezolana de Ureña. La mayoría de los manifestantes algunos de ellos comerciantes y otros contrabandistas que viven de transacciones informales a uno y otro lado del límite internacional– pedían una "normalización" en las relaciones bilaterales.
Otros reclamaron una reunión con el presidente colombiano, Álvaro Uribe, para que les entregue "algún tipo de subsidio" para compensar pérdidas por interrupciones en el suministro de combustible venezolano.
El gobierno de Chávez anunció el 9 de agosto que entregaría "cero" combustible a Colombia como parte de las medidas adoptadas al congelar relaciones. Venezuela, uno de los principales exportadores de crudo del mundo, tiene el combustible a unos 20 centavos de dólar por galón (entre los más baratos del planeta). Desde 2008 vendía unos 4,5 millones de galones mensuales a colombianos que cruzan la frontera. Dos terceras partes iban a Cúcuta.
Rehenes de las Farc Pruebas de vida
Familiares de dos miembros de la fuerza pública colombiana secuestrados por las Farc recibieron pruebas de vida. En videos difundidos por la cadena de televisión Telesur ayer, los cautivos pidieron al Gobierno y a la comunidad internacional que no los olviden. Militares cautivos. El cabo primero Salín Antonio San Miguel Valderrama y el mayor de la Policía Nacional Guillermo Javier Solórzano Julio aparecieron en una mesa, con una tela colorida de fondo y en un emotivo mensaje se mostraron esperanzados de una pronta liberación.
Más información.
Según el informe de Telesur, se prevé que otras pruebas de vida se entregarán en los próximos días.
Entre los arrestados se encuentra un funcionario consular, aunque portavoces oficialistas en Caracas calificaron ese hecho como una simple "incidencia". Los colombianos fueron detenidos anteayer en la tarde, en medio de un operativo de renovación de documentos desarrollado por el consulado de su país en la barriada popular de Catia, y liberados en la misma noche del domingo, dijo la cónsul colombiana en Caracas, María Elvira Cabello.
El operativo consular se realizaba sin un permiso que emite el Ministerio del Interior y Justicia venezolano, alegó la policía del municipio de Libertador, uno de los cinco que integra la capital venezolana y único hoy en manos del oficialismo. A juicio del analista venezolano Carlos Romero, la "detención preventiva" de los colombianos "se incluye en el contexto general de deterioro" de las relaciones bilaterales, que el presidente Hugo Chávez resolvió "congelar" el pasado 28 de julio.
Ésa fue la respuesta a las denuncias que Caracas tildó de "irresponsables" sobre el presunto desvío de armas venezolanas hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Chávez dijo que con estas denuncias Bogotá buscaba evitar que se él se rebelara contra los acuerdos militares entre Colombia y Estados Unidos, que considera una amenaza para su revolución.
"La detención temporal de los colombianos sólo incrementa aún más el distanciamiento entre Caracas y Bogotá, y demuestra cómo se está deteriorando la vida cotidiana de ciudadanos de los dos países, que comparten 2.219 kilómetros de frontera", dijo Romero. Sin embargo, el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Saúl Ortega, calificó como una "incidencia de orden público" la detención temporal de los colombianos.
"Fue una incidencia y no tiene nada que ver con las recientes decisiones del gobierno de congelar las relaciones con Colombia", afirmó el diputado oficialista y miembro de la Comisión de Política Exterior de la AN. Ortega añadió que la celebración en la calle de actividades consulares "no es normal", y que, en todo caso, "cualquier actividad que pretenda realizar cualquier venezolano o extranjero en los espacios públicos debe ser notificada y autorizada por autoridades competentes".
La cónsul Cabello precisó que ya se establecieron contactos diplomáticos para conocer y adoptar los nuevos procedimientos para llevar a cabo los llamados "consulados móviles", los cuales desarrollaba sin problemas desde hace cuatro años. Puente fronterizo cortado. Mientras, manifestantes bloquearon ayer el paso por un puente fronterizo entre Colombia y Venezuela, en una protesta por problemas en el suministro de combustibles. La manifestación ocurrió en el puente Francisco de Paula Santander, que une a la población colombiana de Cúcuta con la venezolana de Ureña. La mayoría de los manifestantes algunos de ellos comerciantes y otros contrabandistas que viven de transacciones informales a uno y otro lado del límite internacional– pedían una "normalización" en las relaciones bilaterales.
Otros reclamaron una reunión con el presidente colombiano, Álvaro Uribe, para que les entregue "algún tipo de subsidio" para compensar pérdidas por interrupciones en el suministro de combustible venezolano.
El gobierno de Chávez anunció el 9 de agosto que entregaría "cero" combustible a Colombia como parte de las medidas adoptadas al congelar relaciones. Venezuela, uno de los principales exportadores de crudo del mundo, tiene el combustible a unos 20 centavos de dólar por galón (entre los más baratos del planeta). Desde 2008 vendía unos 4,5 millones de galones mensuales a colombianos que cruzan la frontera. Dos terceras partes iban a Cúcuta.
Rehenes de las Farc Pruebas de vida
Familiares de dos miembros de la fuerza pública colombiana secuestrados por las Farc recibieron pruebas de vida. En videos difundidos por la cadena de televisión Telesur ayer, los cautivos pidieron al Gobierno y a la comunidad internacional que no los olviden. Militares cautivos. El cabo primero Salín Antonio San Miguel Valderrama y el mayor de la Policía Nacional Guillermo Javier Solórzano Julio aparecieron en una mesa, con una tela colorida de fondo y en un emotivo mensaje se mostraron esperanzados de una pronta liberación.
Más información.
Según el informe de Telesur, se prevé que otras pruebas de vida se entregarán en los próximos días.
18 Homicidios en Carabobo este fín de semana
Con la muerte del custodio de la empresa Viseteca, suman 18 los homicidios ocurridos en Carabobo durante el fin de semana.
Dentro de los casos hay tres dobles homicidios. Valencia sigue siendo el municipio más violento con nueve decesos, seguido de Libertador y de Los Guayos, que registraron tres hechos respectivamente.
En Diego Ibarra murió una persona abatida y en Naguanagua otra, mientras que de una tercera se desconoce el lugar. Al secretario de finanzas del Sindicato de Trabajadores de Rualca, Felipe Rafael González Leal, le dispararon el viernes para despojarlo de su automóvil. Desde entonces estuvo recluido en la emergencia del Hospital Central, donde murió a la 1:30 de la madrugada del domingo. El maestro de mecánica y sus compañeros sindicales tomaron la Inspectoría de Trabajo el jueves, amanecieron el viernes y se mantuvieron hasta las 7:00 de la noche, ante el incumplimiento del último acuerdo al que llegaron con los representantes del Ejecutivo y Rualca. Levantaron la huelga cuando el inspector y el patrón de la compañía, Martín Guerrero, les aseguraron que les pagarían esta semana entrante, en la 41 Brigada Blindada, atestiguó Andrés González, secretario general del sindicato. Felipe Rafael tenía alrededor de un año y medio luchando por el pago de sus liquidaciones luego que la empresa fue cerrada y nacionalizada-. Después del diálogo, se fue esperanzado a su residencia, en la calle principal del barrio Pirital, en Los Guayos. Presuntamente durante el camino fue seguido por dos vehículos, con los que trancaron su paso un poco antes de llegar a su destino, a las 10:00 de la noche. Los tripulantes descendieron, cubiertos con pasamontañas, y lo bajaron de su carro, un Aveo azul, placa BCU-26T. Un motorizado que también participó, le disparó. Los delincuentes huyeron con su vehículo, relató su esposa, quien quedó sola al cuidado de su hija de 2 años. El maestro de mecánica, de 37 años, fue trasladado al CDI Las Palmitas y luego transferido a la CHET, donde dejó de existir. Andrés González presume que su muerte no fue producto de un robo, sino ordenada por ser uno de los líderes sindicales.
Otros casos
La noche del sábado se celebró una reunión al aire libre, frente a una residencia del barrio Ruiz Pineda I, al sur de Valencia. En medio de la potente música de las cornetas, que fueron colocadas en la calle, se escucharon los disparos que acabaron con las vidas de Arnaldo Narciso Márquez Reyes, de 27 años y Elías Alfonso Castellano Cortez, de 18 años. Pasada la medianoche del sábado, Elías Alfonso presuntamente discutió con uno de los presentes, quien accionó un arma contra él. Arnaldo Narciso supuestamente trató de defenderlo, y también lo balearon. Este último pereció en el CDI Canaima. Elías Alfonso se había graduado de bachiller en el liceo María Teresa del Toro y aspiraba ingresar a la Policía Municipal de Valencia. Arnaldo Narciso era carnicero en el Mercado Luxsor y deja huérfanos a dos niños de 11 y 2 años.
En otro caso, una pareja de motorizados que se desplazaba a gran velocidad disparó en repetidas oportunidades contra el frente de la gallera “La Negra”, en el barrio Bella Vista, en la vía a El Paíto, a las 7:30 de la noche del sábado. En la lluvia de balas, Miguel Angel Rodríguez Sánchez, de 30 años, sufrió cinco heridas que le causaron la muerte.
Otras seis personas también fueron supuestamente heridas, pero no se obtuvo sus identidades, ni los sitios donde estaban recluidas. El hombre se dedicaba al comercio informal y tenía dos hijos de 11 y 3 años, respectivamente, con los que vivía en la calle Orinoco del barrio Venezuela. Otro de los muertos es Juan Dianey Gómez Trejo, de 25 años, estaba sentado frente a la casa de su familia, en la cuarta calle del barrio Los Olivos, en Los Guayos, cuando fue atacado a tiros desde el interior de un vehículo en movimiento. Uno de los tripulantes de un supuesto Corsa, color dorado, bajó su ventanilla, sacó un arma y le disparó, a las 9:00 de la noche del sábado. Ingresó sin signos vitales al CDI Las Casitas. El joven trabajaba la latonería en un taller que funciona en su vivienda.
El cadáver de un hombre que presuntamente llevaba por apellido Vargas, fue ingresado a la morgue de la CHET, a las 6:30 de la mañana del domingo. La víctima, que murió baleada, es de piel morena, contextura fuerte y tenía el cabello negro. No se precisó en qué lugar ocurrió el hecho.
Balacera en Naguanagua
Jonathan Hernández, de 24 años; María Hernández, de 18; Héctor Montero, de 23; Jeifer Alvarado, de 25; y una dama conocida como “La Chula”, de 25, tuvieron presuntamente una discusión con un grupo de hombres, en una licorería en el barrio La Cidra. Jonathan, junto a sus amigos, abordó su vehículo Optra, color plata, placa AGH-64E, y condujo hacia la avenida 190, tratando de huir, pero los sujetos fueron tras ellos, disparándoles desde otro carro, al parecer, un Aveo gris. Jonathan fue herido en la espalda, lo que causó que perdiera el control del volante y se estrellara contra un autobús que estaba estacionado frente a una casa. Sus acompañantes también resultaron heridos y fueron llevados al Hospital “Dr. Angel Larralde”, donde fueron atendidos.
En otro hecho, ocurrido en la calle 72 cruce con 93, adyacente al Mercado de Los Guajiros, dos sujetos en una motocicleta le dieron muerte a Jesús Rafael Figueredo Gil, de 17 años, a la 1:30 de la tarde del domingo. A esa misma hora, mataron a José Rafael Inojosa Lozada, de 35 años, mientras ingería bebidas alcohólicas en la licorería Jaclym, en la avenida principal del sector Las Manzanas del Libertador. Le dispararon desde un vehículo, color blanco, en marcha. Otro hombre fue herido en una pierna, pero no se precisó su nombre.
Hechos de tránsito
Georgino Bracho, de 55 años, fue arrollado por una unidad de transporte público la noche del sábado, en la avenida Bolívar de Valencia. En las afueras del Departamento Forense no se logró ubicar a sus familiares, por lo que se desconoce cómo ocurrieron los hechos y las características del colectivo involucrado. Un hombre de contextura delgada, de piel blanca, cabello negro y corto, también murió al ser embestido por un vehículo, cuyas características no fueron precisadas.
El hecho de tránsito ocurrió en la variante Bárbula-San Diego. La víctima no portaba documentación
Dentro de los casos hay tres dobles homicidios. Valencia sigue siendo el municipio más violento con nueve decesos, seguido de Libertador y de Los Guayos, que registraron tres hechos respectivamente.
En Diego Ibarra murió una persona abatida y en Naguanagua otra, mientras que de una tercera se desconoce el lugar. Al secretario de finanzas del Sindicato de Trabajadores de Rualca, Felipe Rafael González Leal, le dispararon el viernes para despojarlo de su automóvil. Desde entonces estuvo recluido en la emergencia del Hospital Central, donde murió a la 1:30 de la madrugada del domingo. El maestro de mecánica y sus compañeros sindicales tomaron la Inspectoría de Trabajo el jueves, amanecieron el viernes y se mantuvieron hasta las 7:00 de la noche, ante el incumplimiento del último acuerdo al que llegaron con los representantes del Ejecutivo y Rualca. Levantaron la huelga cuando el inspector y el patrón de la compañía, Martín Guerrero, les aseguraron que les pagarían esta semana entrante, en la 41 Brigada Blindada, atestiguó Andrés González, secretario general del sindicato. Felipe Rafael tenía alrededor de un año y medio luchando por el pago de sus liquidaciones luego que la empresa fue cerrada y nacionalizada-. Después del diálogo, se fue esperanzado a su residencia, en la calle principal del barrio Pirital, en Los Guayos. Presuntamente durante el camino fue seguido por dos vehículos, con los que trancaron su paso un poco antes de llegar a su destino, a las 10:00 de la noche. Los tripulantes descendieron, cubiertos con pasamontañas, y lo bajaron de su carro, un Aveo azul, placa BCU-26T. Un motorizado que también participó, le disparó. Los delincuentes huyeron con su vehículo, relató su esposa, quien quedó sola al cuidado de su hija de 2 años. El maestro de mecánica, de 37 años, fue trasladado al CDI Las Palmitas y luego transferido a la CHET, donde dejó de existir. Andrés González presume que su muerte no fue producto de un robo, sino ordenada por ser uno de los líderes sindicales.
Otros casos
La noche del sábado se celebró una reunión al aire libre, frente a una residencia del barrio Ruiz Pineda I, al sur de Valencia. En medio de la potente música de las cornetas, que fueron colocadas en la calle, se escucharon los disparos que acabaron con las vidas de Arnaldo Narciso Márquez Reyes, de 27 años y Elías Alfonso Castellano Cortez, de 18 años. Pasada la medianoche del sábado, Elías Alfonso presuntamente discutió con uno de los presentes, quien accionó un arma contra él. Arnaldo Narciso supuestamente trató de defenderlo, y también lo balearon. Este último pereció en el CDI Canaima. Elías Alfonso se había graduado de bachiller en el liceo María Teresa del Toro y aspiraba ingresar a la Policía Municipal de Valencia. Arnaldo Narciso era carnicero en el Mercado Luxsor y deja huérfanos a dos niños de 11 y 2 años.
En otro caso, una pareja de motorizados que se desplazaba a gran velocidad disparó en repetidas oportunidades contra el frente de la gallera “La Negra”, en el barrio Bella Vista, en la vía a El Paíto, a las 7:30 de la noche del sábado. En la lluvia de balas, Miguel Angel Rodríguez Sánchez, de 30 años, sufrió cinco heridas que le causaron la muerte.
Otras seis personas también fueron supuestamente heridas, pero no se obtuvo sus identidades, ni los sitios donde estaban recluidas. El hombre se dedicaba al comercio informal y tenía dos hijos de 11 y 3 años, respectivamente, con los que vivía en la calle Orinoco del barrio Venezuela. Otro de los muertos es Juan Dianey Gómez Trejo, de 25 años, estaba sentado frente a la casa de su familia, en la cuarta calle del barrio Los Olivos, en Los Guayos, cuando fue atacado a tiros desde el interior de un vehículo en movimiento. Uno de los tripulantes de un supuesto Corsa, color dorado, bajó su ventanilla, sacó un arma y le disparó, a las 9:00 de la noche del sábado. Ingresó sin signos vitales al CDI Las Casitas. El joven trabajaba la latonería en un taller que funciona en su vivienda.
El cadáver de un hombre que presuntamente llevaba por apellido Vargas, fue ingresado a la morgue de la CHET, a las 6:30 de la mañana del domingo. La víctima, que murió baleada, es de piel morena, contextura fuerte y tenía el cabello negro. No se precisó en qué lugar ocurrió el hecho.
Balacera en Naguanagua
Jonathan Hernández, de 24 años; María Hernández, de 18; Héctor Montero, de 23; Jeifer Alvarado, de 25; y una dama conocida como “La Chula”, de 25, tuvieron presuntamente una discusión con un grupo de hombres, en una licorería en el barrio La Cidra. Jonathan, junto a sus amigos, abordó su vehículo Optra, color plata, placa AGH-64E, y condujo hacia la avenida 190, tratando de huir, pero los sujetos fueron tras ellos, disparándoles desde otro carro, al parecer, un Aveo gris. Jonathan fue herido en la espalda, lo que causó que perdiera el control del volante y se estrellara contra un autobús que estaba estacionado frente a una casa. Sus acompañantes también resultaron heridos y fueron llevados al Hospital “Dr. Angel Larralde”, donde fueron atendidos.
En otro hecho, ocurrido en la calle 72 cruce con 93, adyacente al Mercado de Los Guajiros, dos sujetos en una motocicleta le dieron muerte a Jesús Rafael Figueredo Gil, de 17 años, a la 1:30 de la tarde del domingo. A esa misma hora, mataron a José Rafael Inojosa Lozada, de 35 años, mientras ingería bebidas alcohólicas en la licorería Jaclym, en la avenida principal del sector Las Manzanas del Libertador. Le dispararon desde un vehículo, color blanco, en marcha. Otro hombre fue herido en una pierna, pero no se precisó su nombre.
Hechos de tránsito
Georgino Bracho, de 55 años, fue arrollado por una unidad de transporte público la noche del sábado, en la avenida Bolívar de Valencia. En las afueras del Departamento Forense no se logró ubicar a sus familiares, por lo que se desconoce cómo ocurrieron los hechos y las características del colectivo involucrado. Un hombre de contextura delgada, de piel blanca, cabello negro y corto, también murió al ser embestido por un vehículo, cuyas características no fueron precisadas.
El hecho de tránsito ocurrió en la variante Bárbula-San Diego. La víctima no portaba documentación
viernes, 17 de julio de 2009
“Expulsamos a Zelaya del país para evitar muertes”
Manuel Zelaya, depuesto presidente hondureño, fue expulsado del país para evitar muertes, justificó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, uno de los protagonistas de la crisis política hondureña, en una entrevista con la AFP.
"El análisis que hizo la seguridad del Estado es que era riesgoso que al presidente se le llevara a una cárcel", afirmó Vásquez, quien fue destituido por Zelaya unos días antes del golpe.
Vásquez se había negado a que el Ejército repartiera el material electoral de la consulta popular organizada por Zelaya para el día 28 de junio, el mismo día del golpe de Estado, pese a que había sido declarada ilegal por la justicia.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia obligó al presidente a restituir a Vásquez en su cargo.
La detención y encarcelación de Zelaya por violar la ley "iba a ser causal de muertos y heridos y eso era peligroso" porque sus partidarios tratarían de rescatarlo "y eso iba a traer graves consecuencias para el país", dijo Vásquez, a quien Zelaya le renovó para un segundo periodo al frente del Estado Mayor Conjunto pese a que por ley sólo le correspondía un periodo de tres años.
Ahora, Vásquez podría ser acusado de violar la ley por expulsar al mandatario a Costa Rica, después de detenerlo en su casa con un contingente de unos 200 militares, pues este punto no estaba contemplado en las órdenes judiciales que cumplían, admitió el general.
"Tenía que cumplir una misión constitucional y no la podíamos eludir, dada esa responsabilidad histórica. Nuestro juez es la historia. Nuestra misión era cumplir una tarea y lo hicimos con responsabilidad. Ya no tenemos otra participación, sino seguir cumpliendo nuestra misión", sentenció Vásquez, quien recuperó su cargo después de su destitución por Zelaya por orden de la Corte Suprema de Justicia.
"Había un irrespeto a la Constitución de la República, quisimos ayudar al presidente Zelaya, pero no encontramos ningún asidero legal que nos permitiera apoyar la decisión que él quería, las otras autoridades nos exigían que respetáramos", subrayó.
No quería relección
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo ayer que el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya no pretendía su reelección al impulsar una consulta sobre la posibilidad de reformar la Constitución.
En una entrevista con la televisión estatal, Insulza señaló que la elección presidencial de Honduras "está a sólo cinco meses y los candidatos ya están designados", y Zelaya no es candidato.
Destacó que, incluso, la constitución hondureña establece que el artículo que prohibe la reelección presidencial "no es reformable", y que quien busca violar esa disposición cesará en su cargo.
Dijo que si el congreso se hubiese reunido y cesado a Zelaya por ello, igualmente se habría formado "un lío, pero no de la misma magnitud" del que siguió a la expulsión del mandatario.
Mientras tanto, el presidente costarricense, Oscar Arias, convocó a las partes del conflicto hondureño para reunirse el sábado y continuar en la búsqueda de una solución a la crisis en Honduras.
"A las delegaciones las estamos convocando para este fin de semana, para el sábado. Si se acaba con la agenda el sábado terminaríamos ese día y si no, continuaríamos hasta el domingo", dijo el mandatario el martes poco antes de entrar a una reunión con su gabinete.
Estados Unidos pidió este martes que no se pongan "plazos artificiales" a las negociaciones que buscan una salida a la crisis de Honduras, luego de que Zelaya lanzara un ultimátum para su restitución.
"Las partes deberían darle tiempo a este proceso. No colocar un plazo artificial. No decir 'si tal cosa no sucede en cierto tiempo, entonces el diálogo está muerto'", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly.
"Tenemos que darle una oportunidad a este proceso y apoyar lo que está realizando el presidente Arias. Respaldamos denodadamente este proceso y llamamos a las partes, sobre todo al presidente Zelaya y al régimen de facto, a trabajar juntos para alcanzar una solución pacífica que restaure el orden democrático", agregó Kelly.
"Nada que ver"
El nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, dijo que su Gobierno no tuvo "absolutamente nada que ver" en la detención durante unas horas de periodistas venezolanos e indicó que se trató de una investigación policial.
"No tiene nada, absolutamente nada que ver el Gobierno con eso, había una denuncia, la policía procedió a responder a la denuncia (...) y ese fue el proceso", aseguró Micheletti en una rueda de prensa al referirse a lo ocurrido entre la noche del sábado y el domingo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó ayer los actos de intimidación contra periodistas de las cadenas de televisión Telesur y la estatal Venezolana de Televisión (VTV), que tuvieron que abandonar Honduras.
"El análisis que hizo la seguridad del Estado es que era riesgoso que al presidente se le llevara a una cárcel", afirmó Vásquez, quien fue destituido por Zelaya unos días antes del golpe.
Vásquez se había negado a que el Ejército repartiera el material electoral de la consulta popular organizada por Zelaya para el día 28 de junio, el mismo día del golpe de Estado, pese a que había sido declarada ilegal por la justicia.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia obligó al presidente a restituir a Vásquez en su cargo.
La detención y encarcelación de Zelaya por violar la ley "iba a ser causal de muertos y heridos y eso era peligroso" porque sus partidarios tratarían de rescatarlo "y eso iba a traer graves consecuencias para el país", dijo Vásquez, a quien Zelaya le renovó para un segundo periodo al frente del Estado Mayor Conjunto pese a que por ley sólo le correspondía un periodo de tres años.
Ahora, Vásquez podría ser acusado de violar la ley por expulsar al mandatario a Costa Rica, después de detenerlo en su casa con un contingente de unos 200 militares, pues este punto no estaba contemplado en las órdenes judiciales que cumplían, admitió el general.
"Tenía que cumplir una misión constitucional y no la podíamos eludir, dada esa responsabilidad histórica. Nuestro juez es la historia. Nuestra misión era cumplir una tarea y lo hicimos con responsabilidad. Ya no tenemos otra participación, sino seguir cumpliendo nuestra misión", sentenció Vásquez, quien recuperó su cargo después de su destitución por Zelaya por orden de la Corte Suprema de Justicia.
"Había un irrespeto a la Constitución de la República, quisimos ayudar al presidente Zelaya, pero no encontramos ningún asidero legal que nos permitiera apoyar la decisión que él quería, las otras autoridades nos exigían que respetáramos", subrayó.
No quería relección
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo ayer que el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya no pretendía su reelección al impulsar una consulta sobre la posibilidad de reformar la Constitución.
En una entrevista con la televisión estatal, Insulza señaló que la elección presidencial de Honduras "está a sólo cinco meses y los candidatos ya están designados", y Zelaya no es candidato.
Destacó que, incluso, la constitución hondureña establece que el artículo que prohibe la reelección presidencial "no es reformable", y que quien busca violar esa disposición cesará en su cargo.
Dijo que si el congreso se hubiese reunido y cesado a Zelaya por ello, igualmente se habría formado "un lío, pero no de la misma magnitud" del que siguió a la expulsión del mandatario.
Mientras tanto, el presidente costarricense, Oscar Arias, convocó a las partes del conflicto hondureño para reunirse el sábado y continuar en la búsqueda de una solución a la crisis en Honduras.
"A las delegaciones las estamos convocando para este fin de semana, para el sábado. Si se acaba con la agenda el sábado terminaríamos ese día y si no, continuaríamos hasta el domingo", dijo el mandatario el martes poco antes de entrar a una reunión con su gabinete.
Estados Unidos pidió este martes que no se pongan "plazos artificiales" a las negociaciones que buscan una salida a la crisis de Honduras, luego de que Zelaya lanzara un ultimátum para su restitución.
"Las partes deberían darle tiempo a este proceso. No colocar un plazo artificial. No decir 'si tal cosa no sucede en cierto tiempo, entonces el diálogo está muerto'", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly.
"Tenemos que darle una oportunidad a este proceso y apoyar lo que está realizando el presidente Arias. Respaldamos denodadamente este proceso y llamamos a las partes, sobre todo al presidente Zelaya y al régimen de facto, a trabajar juntos para alcanzar una solución pacífica que restaure el orden democrático", agregó Kelly.
"Nada que ver"
El nuevo presidente de Honduras, Roberto Micheletti, dijo que su Gobierno no tuvo "absolutamente nada que ver" en la detención durante unas horas de periodistas venezolanos e indicó que se trató de una investigación policial.
"No tiene nada, absolutamente nada que ver el Gobierno con eso, había una denuncia, la policía procedió a responder a la denuncia (...) y ese fue el proceso", aseguró Micheletti en una rueda de prensa al referirse a lo ocurrido entre la noche del sábado y el domingo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó ayer los actos de intimidación contra periodistas de las cadenas de televisión Telesur y la estatal Venezolana de Televisión (VTV), que tuvieron que abandonar Honduras.
martes, 23 de junio de 2009
Mesa Unitaria exige declarar la emergencia ante la inseguridad
Critican la "política del avestruz" del Gobierno y su lenguaje violento
Para los partidos de oposición que integran la Mesa de la Unidad, en el gobierno de Hugo Chávez se produce una mezcla de "política del avestruz" con "un lenguaje agresivo que promueve la violencia", que ha colocado a Venezuela entre los países con la mayor tasa de mortalidad de la región, especialmente entre jóvenes de entre 15 y 24 años, al punto que en 2008 se produjeron diez veces más homicidios en el país 14 mil que en la Franja de Gaza, donde existe un conflicto armado. En rueda de prensa conjunta, Omar Barboza (UNT) actuó como portavoz del resto de los partidos al momento se han articulado 14 organizaciones y presentó una serie de propuestas que estiman deben ser puestas en práctica "de inmediato", como "declarar emergencia nacional el problema de la inseguridad personal y convocar el Consejo Federal de Gobierno", para que con todos los funcionarios que prevé el artículo 157 de la Constitución y la ley respectiva se ejecute "un plan concertado e integral de Seguridad Ciudadana".
La casi totalidad de las acciones propuestas, preventivas y correctivas, dependen para su materialización de la voluntad del Gobierno nacional. Preguntado por el hecho de que el presidente Chávez ha hecho caso omiso de reclamos similares formulados reiteradamente en los últimos siete años desde que la oposición acordó trabajar unida, Barboza respondió que "es un problema del Presidente si no cumple. Nosotros seguiremos diez años, quince, planteando la política de seguridad ciudadana integral", dijo ante los representantes de AD, Copei, PJ, Podemos, ABP, MAS, Proyecto Venezuela y Vanguardia Popular.
Barboza afirmó que la inseguridad personal es "una tragedia de trascendencia nacional" y por ello la oposición ha decidido darle prioridad en su agenda a los aspectos sociales que afectan a los venezolanos. Criticó que Chávez ha cambiado diez veces en diez años al ministro de Interior y Justicia. "Mientras los cuerpos policiales son mal formados, mal equipados, el Gobierno nacional invierte miles de millones de dólares en armas de guerra. La política de permisividad cómplice con los grupos armados en la frontera y la cedulación de extranjeros con criterios políticos han introducido al país prácticas delictivas". El vocero fustigó asimismo al Ministerio Público y al Poder Judicial por estar "politizados" y ponen su mayor empeño en la persecución política de los disidentes.
Saludó sí la iniciativa del gobernador de Lara, Henri Falcón (PSUV), quien promovió una coordinación con algunos mandatarios del occidente para enfrentar el problema. Líder en muertos y secuestros Barboza echó mano de estadísticas de organismos del Estado y de organizaciones de DDHH e instancias internacionales para describir el duro panorama de la inseguridad y la violencia en Venezuela.
Citó el último informe de la Fiscalía General de la República donde queda en evidencia que la impunidad en el caso de los delitos comunes tramitados en 2008 fue de 97%, que se elevan a 87% y 96% en los casos de corrupción y violencia contra la mujer y la familia. Citó a Amnistía Internacional, que cifra en 4 millones y medio las armas de fuego que circulan ilegalmente, siendo por esta causa 95% de homicios. En los secuestros contrastó las recientes cifras, 353 contra los 44 que se registraban al inicio del período de Hugo Chávez.
Para los partidos de oposición que integran la Mesa de la Unidad, en el gobierno de Hugo Chávez se produce una mezcla de "política del avestruz" con "un lenguaje agresivo que promueve la violencia", que ha colocado a Venezuela entre los países con la mayor tasa de mortalidad de la región, especialmente entre jóvenes de entre 15 y 24 años, al punto que en 2008 se produjeron diez veces más homicidios en el país 14 mil que en la Franja de Gaza, donde existe un conflicto armado. En rueda de prensa conjunta, Omar Barboza (UNT) actuó como portavoz del resto de los partidos al momento se han articulado 14 organizaciones y presentó una serie de propuestas que estiman deben ser puestas en práctica "de inmediato", como "declarar emergencia nacional el problema de la inseguridad personal y convocar el Consejo Federal de Gobierno", para que con todos los funcionarios que prevé el artículo 157 de la Constitución y la ley respectiva se ejecute "un plan concertado e integral de Seguridad Ciudadana".
La casi totalidad de las acciones propuestas, preventivas y correctivas, dependen para su materialización de la voluntad del Gobierno nacional. Preguntado por el hecho de que el presidente Chávez ha hecho caso omiso de reclamos similares formulados reiteradamente en los últimos siete años desde que la oposición acordó trabajar unida, Barboza respondió que "es un problema del Presidente si no cumple. Nosotros seguiremos diez años, quince, planteando la política de seguridad ciudadana integral", dijo ante los representantes de AD, Copei, PJ, Podemos, ABP, MAS, Proyecto Venezuela y Vanguardia Popular.
Barboza afirmó que la inseguridad personal es "una tragedia de trascendencia nacional" y por ello la oposición ha decidido darle prioridad en su agenda a los aspectos sociales que afectan a los venezolanos. Criticó que Chávez ha cambiado diez veces en diez años al ministro de Interior y Justicia. "Mientras los cuerpos policiales son mal formados, mal equipados, el Gobierno nacional invierte miles de millones de dólares en armas de guerra. La política de permisividad cómplice con los grupos armados en la frontera y la cedulación de extranjeros con criterios políticos han introducido al país prácticas delictivas". El vocero fustigó asimismo al Ministerio Público y al Poder Judicial por estar "politizados" y ponen su mayor empeño en la persecución política de los disidentes.
Saludó sí la iniciativa del gobernador de Lara, Henri Falcón (PSUV), quien promovió una coordinación con algunos mandatarios del occidente para enfrentar el problema. Líder en muertos y secuestros Barboza echó mano de estadísticas de organismos del Estado y de organizaciones de DDHH e instancias internacionales para describir el duro panorama de la inseguridad y la violencia en Venezuela.
Citó el último informe de la Fiscalía General de la República donde queda en evidencia que la impunidad en el caso de los delitos comunes tramitados en 2008 fue de 97%, que se elevan a 87% y 96% en los casos de corrupción y violencia contra la mujer y la familia. Citó a Amnistía Internacional, que cifra en 4 millones y medio las armas de fuego que circulan ilegalmente, siendo por esta causa 95% de homicios. En los secuestros contrastó las recientes cifras, 353 contra los 44 que se registraban al inicio del período de Hugo Chávez.
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